A raíz de un comentario de un lector del blog, recojo la noticia publicada en la edición de hoy de ultimahora.es, referida a la próxima modificación de la Ley de Espacios Naturales (LEN). La Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales, vio la luz para (según su exposición de motivos) "dotar al patrimonio natural y paisagístico de interés para la Comunidad Autónoma, de un régimen urbanístico protector que facilitara la conservación e impidiera la degradación. [...] La calidad de vida en las Islas Baleares depende muy fundamentalmente del funcionamiento y de los resultados de una economía de servicios turísticos basada en gran parte en el disfrute de recursos naturales, ambientales y paisagísticos". Está claro que el interés para la Comunidad Autónoma del PP de hoy no es el mismo que el de antaño.
La Ley de Espacios Naturales autorizará canteras en áreas protegidas
Nekane Domblás | Palma | 26/04/2013
Los propietarios de canteras o quienes deseen poner en marcha una explotación de este tipo lo van a tener mucho más fácil a partir de ahora. El Govern ha presentado un anteproyecto de ley de ordenación minera de Balears donde permite la construcción de nuevas canteras en zonas protegidas, incluidas aquellas de especial relevancia ambiental, y además relaja las condiciones para poder legalizar numerosas instalaciones de este tipo que en estos momentos se encuentran en situación irregular.
Para conseguirlo, el Govern no ha dudado en modificar leyes básicas de protección ambiental, entre ellas la Ley de Espacios Naturales (LEN), de 1991 y uno de los emblemas de la protección territorial de las Islas, y la ley de conservación de espacios de relevancia ambiental, aprobada en el año 2005, es decir, ambas con gobiernos del PP.
En su disposición final, el texto modifica la LEN y elimina cualquier referencia al plan director de canteras, que es el que determina dónde pueden ubicarse estas instalaciones. De hecho, el documento queda en papel mojado. Se permite la apertura de nuevas canteras, en casos plenamente justificadas, pero la autorización ya no está vinculada al plan sectorial.
Legalizaciones
Pero otro apartado de especial interés de la ley es el relativo a la posibilidad de legalizar aquellas canteras que ya existen y que se encuentran en situación irregular. La disposición transitoria primera del anteproyecto da un año de plazo para que los titulares de explotaciones «donde haya discrepancias entre la autorización minera y los derechos mineros incluidos en la explotación realmente ejecutada» inicien el trámite de legalización.
Si los derechos mineros que se quieren «actualizar o regularizar» afectan a espacios de la red Natura 2000, de la LEN o de la ley de espacios de especial relevancia ambiental «no se han de considerar en ningún caso apertura de nueva cantera, sino que se ha de considerar un mero mantenimiento de la explotación existente».
El proceso para la legalización es complicado y debe incluir medidas correctoras para eliminar los efectos negativos. También se debe incluir un estudio de impacto ambiental, pero incluso en el caso de que de este sea desfavorable, «en circunstancias excepcionales y a instancias del promotor», el Consell de Govern puede autorizar la continuidad del plan, siempre que se establezcan las disposiciones europeas de protección.
Lo mismo sucede con los informes municipales: los ayuntamientos deben emitir un informe, pero si es desfavorable, la propuesta se eleva al Consell de Govern, que vuelve a tener la última palabra en la autorización de la cantera.
Tal vez este cambio normativo esté relacionado de alguna manera con el conflicto entre el
Consell de Mallorca y la empresa concesionaria de la gestión de los
residuos de la construcción, Mac Insular, que salió publicado en diariodemallorca.es el 10/04/2013.
El Consell lleva a la Fiscalía el contrato con Mac Insulardiariodemallorca.es/Efe.PalmaEl Consell de Mallorca ha decidido comenzar los trámites para declarar nulo el contrato con la empresa concesionaria de la gestión de escombros, Mac Insular, debido a un informe técnico, que indica que esta adjudicación no se tendría que haber realizado porque no cumplía las bases.
La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, informó ayer de esta iniciativa, que será tramitada en el plenario de mañana, una vez que el informe emitido ayer precisa que en el contrato con Mac podría haber indicios de delito penal en la firma del contrato, por lo que el Consell remitirá el documento a la Fiscalía.
Salom explicó que esta situación llega después de que se haya intentado negociar en varias ocasiones y de forma infructuosa el mantenimiento de la tarifa de 46 euros por tonelada de escombro limpio con Mac, que la empresa ha rechazado en varias ocasiones, ya que pretende incrementarlo hasta lo 48 y 52 euros.
"La tarifa es cara y el servicio es deficiente", señaló Salom, que dijo que en esta decisión "no hay ninguna intencionalidad política", ya que solo busca "el beneficio de los mallorquines".
El proceso que se iniciará mañana no será resuelto hasta dentro de al menos dos meses, por lo que el servicio seguirá funcionando como hasta ahora, ha aclarado la presidenta del Consell.
"Somos conscientes de que iniciamos un camino difícil y espinoso", afirmó Salom, que precisó que, "en un ejercicio de transparencia", comunicó esta decisión y remitió el informe a todos los grupos políticos, así como al Govern, responsable de la gestión, inspección y control de los escombros.
El Consell de Mallorca es responsable del tratamiento de los residuos de construcción y, según Salom, el sistema actual con Mac no funciona de forma correcta, ya que los mallorquines no utilizan el servicio debido al alto coste.
Mac Insular había interpuesto al organismo insular seis contenciosos entre 2011 y 2013, en los que reclama cantidades que van de los 110 a los 36 millones o los 70.000 euros. La mayoría por el canon de la empresa o la actualización de tarifa prevista en el contrato que no se ha realizado.
A pesar de estos procesos, la institución mallorquina ha seguido negociando sin éxito, destacó Salom, que aseguró que el Consell estudia las consecuencias del proceso que la petición de nulidad del contrato con Mac firmado en 2003, y con la que no ha descartado continuar la negociación.
Según el informe del Consell de Mallorca, el contrato con Mac no se puede modificar sino anular, ya que existen incumplimientos de parte de la empresa, como el que se constituyera en sociedad limitada (S.L.) y no en sociedad anónima (S.A.), como lo exigía la adjudicación.
El asunto está, explicó Salom, en que como S.L. la empresa aportó y puso el valor a los bienes necesarios para conformarse como tal, sin necesidad de un peritaje independiente, que sí lo exige la S.A.
En este sentido, el informe señala que Mac infló el valor de sus terrenos, según Salom hasta los 9,5 millones de euros, cuando su valoración real era de 1,5 millones, una sobrevaloración que se amortiza en la tarifa.
Una vez solicitada la nulidad, la Fiscalía resolverá y Mac tendrá un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Finalmente el Consell Consultivo emitirá un informe que deberá determinar la nulidad o no.
Aún no se han determinado qué hará el Consell si este contrato se declara nulo, ha subrayado Salom, que ha apuntado la posibilidad de convocar otro concurso o que la empresa privada asuma el tratamiento de los escombros directamente.