"Manacor impulsa la evaluación de edificios". Así se titulaba el 28/10/2015 en la edición digital de Diario de Mallorca la noticia de la aprobación inicial de la Ordenanza sobre el informe de evaluación de edificios (IEE) que presentamos en la Institución Pública Mossèn Antoni Maria Alcover el pasado 21 de octubre la entonces delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, y yo mismo.
Éste es un asunto que ya se había demorado demasiado en el tiempo, pues cabe recordar que desde 2011 existía la obligación de que los edificios de municipios de más de 25.000 habitantes que en 2015 tuvieran más de 50 años pasaran una Inspección Técnica del Edificio (ITE). El borrador de ordenanza que regulaba dicha obligación jamás llegó a ver la luz, marchitándose en un cajón fruto de la falta de interés político.
En el año 2013, el antiguo ITE había pasado a la historia. Ahora el nuevo Informe de Evaluación del Edificio (IEE) recogía la obligación de evaluar no sólo las condiciones técnicas, sino también las de accesibilidad y de eficiencia energética. El cambio de gobierno municipal propició la entrada de Joan Llodrà y Núria Hinojosa a la delegación de Urbanismo, y es a ella a quien hay que agradecer el impulso definitivo para que este instrumento urbanístico viera la luz.
Cualquiera que pasee por el casco urbano de Manacor se percatará de que el parque edificado de la ciudad está en un lamentable estado de conservación, sobretodo la zona centro, a la que la calificación como zona BIC no ha ayudado en nada. Es precisamente en el centro de la ciudad de Manacor donde se concentra el grueso de los más de 8.800 inmuebles urbanos con más de cincuenta años de antigüedad que, una vez se apruebe definitivamente la ordenanza, deberán someterse al IEE.
De la misma forma que hoy en día tenemos asumido que la inspección
técnica de vehículos es un trámite necesario para controlar las
condiciones técnicas de los vehículos que circulan por nuestra
carreteras, en un futuro próximo el IEE debería asumirse con la misma
naturalidad. El IEE, más allá de ser una obligación, representa una oportunidad para que los propietarios de los edificios eviten que sus activos inmobiliarios continúen depreciándose como consecuencia del nulo mantenimiento.