Si alguien pensaba que el Far West se encontraba en Estados Unidos se equivoca. Está aquí, en España, y se llama Mallorca. Por lo menos urbanísticamente hablando, o eso es lo que pretenden los iluminados líderes potíticos que nos (des)gobiernan. El vaquero Company ya marcó su territorio con la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística “sostenible” (de dudosa constitucionalidad tal como publiqué en el post de 14/06/12). Ahora, presuntamente irá un paso más allá y decretará una amnistía para premiar a aquellos que han incumplido la Ley, siguiendo la misma línea que trazara su compañero Delgado para los hoteleros. El mensaje a los ciudadanos de esta comunidad es el de siempre, pero no por conocido menos desolador: “Haced lo que os dé la gana que ya lo arreglaremos!”. Para qué van los ciudadanos a cumplir con la Ley si periódicamente se absuelve a los infractores de sus pecados, haciendo leyes a medida para regularizar ex profeso actuaciones irregulares. Últimamente, los medios de comunicación han hecho hincapié en que en nuestro país sobran políticos; de esta clase, desde luego, sí. Da la impresión de que este Govern odia profundamente su tierra ¿cómo se explican si no las úlimas políticas en contra del territorio y la cultura balear?
A continuación transcribo la noticia publicada en la edición impresa de Diario de Mallorca del sábado 25 de agosto de 2012 que un compañero arquitecto me ha remitido:
"El Govern prepara una amnistía para 20.000 casa ilegales en suelo rústico
El borrador de la nueva Ley del Suelo contempla la legitimación de las obras irregulares que puedan garantizar un mínima de 8 años de antigüedad. La medida servirá para que los ayuntamientos hagan caja con licencias y proyectos de regularización.
MIQUEL ADROVER, Palma. La consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern prepara una gran amnistía urbanística para unas 20.000 casas ilegales en suelo rústico. La medida, incluída en el borrador de la nueva Ley de Suelo que elabora el Ejecutivo autonómico, contempla la reguarización de aquellas obras, incluídas ampliaciones fuera de ordenación urbanística que cuenten con más de ocho años de antigüedad.
La nueva normativa urbanística, en caso de que se llegue a aprobar, puede significar la regularización de más del 50% de las obras ilegales que están en estos momentos en suelo rústico. Según fuentes del Consell, se calcula que en Mallorca están asentados en el campo en torno a los 40.000 inmuebles. Desde principios de los 80, fecha en que la institución insular cuenta con competencias para regular estas edificaciones, solo se han dado licencias par unas 10.000 casas.
Según ha podido saber DIARIO DE MALLORCA, el borrador de la nueva Ley del Suelo ha sido remitido por parte del Govern a los departamentos de urbanismo de los principales ayuntamientos y a los consells insulars. El texto incluye una disposición adicional que contempla la legalización de las obras irregulares que cumplan la premisa antes mencionada de contar con más de 8 años de edad. Algunos técnicos municipales consultados por este periódico calificaron la medida de “indulto sin precedentes a la infracciones urbanísticas de Balears”.
La condición de que los propietarios garanticen una antigüedad superior a los 8 años es porque a partir de esa edad los ayuntamientos ya no mueden imponer sanciones ni dictar órdenes de demolición contra las infracciones urbanísticas, tanto en suelo rústico como en suelo urbano. Fuentes consultadas apuntaron que el Govern quiere aplicar un concepto similar al llamado “silencio administrativo positivo”. Este concepto se basa en que si la administración no ha resuelto en estos 8 años se entiende que la actuación del administrado ha sido correcta.
La disposición adicional del borrador de la Ley de Suelo [ver nota] no solo se refiere a suelo rústico. También se podrán acoger a ella las construcciones que cumplan los requisitos en suelo urbano. Lo que ocurre es que en las zonas urbanas la incidencia de las obras ilegales es mucho menor que en el campo, ya que los ayuntamientos tienen muchos más medios para su control.
Las construcciones ilegales levantadas en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y Áreas Naturales de Interés Paisajístico (ARIP) no están incluídas en la amnistía urbanítica que prepara el Govern. Este tipo de construcciones se regulan con una norma de rango superior como es la Ley de Espacios Naturales (LEN).
Los ayuntamientos harán caja
Para culminar la legalización de las obras irregulares será preciso que los propietarios encarguen un proyecto de legalización a un arquitecto y que sea avalado por una licencia municipal de obra. Al haber superado los 8 años de antigüedad de la edificación, no será necesario que se deban realizar demoliciones de las partes irregulares para adaptar la construcción a la normativa vigente.
Este proceso significará una fuente de ingresos importante para los ayuntamientos. Cada proyecto de legalización puede dejar una media de 10.000 euros para las arcas municipales. Será, sin duda, una nueva vía de financiación para las haciendas locales en los últimos años, desde el inicio de la crisis, han visto como las entradas de dinero han bajado de forma estrepitosa a causa del cesa de la construcción.
La pretensión del Govern, con esta nueva norma, es la de dar continuidad a la Ley de Desarrollo Sostenible, conocida también como Ley Company. Esta normativa, de la cual Madrid duda de su constitucionalidad, se encargará de legalizar las urbanizaciones irregulares. Ahora, con la Ley de Suelo, también se podrán legalizar las viviendas.
Esta medida del Govern vuelve a suponer un nuevo recorte para las competencias urbanísticas del Consell, institución que en las últimas décadas ha tenido el control absoluto en el suelo rústico. Hasta el momento, la mayoría de infracciones urbanísticas importantes eran gestionadas por la institución insular, debido a que los ayuntamientos no podían asumir la tramitación de la infracción por la elevada cuantía de la multa. Ahora, estos expedientes se reducirán a la mínima expresión.
Algunas obras ilegales muy conocidas en Mallorca, como es el caso de la casa del tenista Boris Becker en Artà, ahora podrían regularizarse sin coste alguno. Hay que recordar que la sanción impuesta por el Consell a Becker superó el millón de euros.
El decreto 8/2011 del Gobierno de Rodríguez Zapatero califica los solares inscritos en los registros con edificaciones ilegales como terrenos “fuera de ordenación”. Esta norma era muy perjudicial para los propietarios, ya que les impedía poder concertar hipotecas con los mismos. Asimismo, la ilegalidad quedaba registrada de por vida en la documentación, lo que ponía trabas a la hora de las compras y ventas de los inmuebles a causa de esta denominación.
El Govern, con el indulto generalizado a las obras ilegales, solucionará esta polémica. Una vez obtengan la legalización por la vía de la Ley de Suelo [ver nota] ya serán terrenos e inmuebles aptos para avalar préstamos o hipotecas ante las entidades bancarias".
Nota: Aunque el texto original dice “Ley de Suelo rústico”, entiendo que se trata de un error y que el periodista se refiera al objeto de la notícia, que es el borrador de la Ley de Suelo.
En la sección de opinión del mismo ejemplar de Diario de Mallorca encontramos en la edición digital el siguiente artículo de opinión:
"Lo construido, bien levantado está
Si se cumplen las previsiones del Govern, la nueva Ley del Suelo dará amparo legal a 20.000 edificaciones irregulares en suelo rústico de Mallorca. Sólo se exigirá proyecto de legalización y abonar la licencia.
LLORENÇ RIERA. La diferencia y el desmarque que quiere acotar José Ramón Bauzá con respeto al Ejecutivo de su predecesor Jaume Matas no es tanto. Las decisiones y los comportamientos van desvelando de forma progresiva que ambos presidentes confluyen en muchas más cosas de las que, sobre todo el actual, quiere aparentar. Y lo hacen en cuestiones esenciales, nada intrascendentes. Campos ha sido municipio pretendido por ambos mandatarios. Matas se encariñó con un campo de polo en él y Bauzá acaricia y tutela un macroproyecto hotelero en Sa Ràpita. Como si Es Trenc estuviera a prueba de todo o se quedara en postal perenne de colorido engañoso de la realidad.
En la sección de opinión del mismo ejemplar de Diario de Mallorca encontramos en la edición digital el siguiente artículo de opinión:
"Lo construido, bien levantado está
Si se cumplen las previsiones del Govern, la nueva Ley del Suelo dará amparo legal a 20.000 edificaciones irregulares en suelo rústico de Mallorca. Sólo se exigirá proyecto de legalización y abonar la licencia.
LLORENÇ RIERA. La diferencia y el desmarque que quiere acotar José Ramón Bauzá con respeto al Ejecutivo de su predecesor Jaume Matas no es tanto. Las decisiones y los comportamientos van desvelando de forma progresiva que ambos presidentes confluyen en muchas más cosas de las que, sobre todo el actual, quiere aparentar. Y lo hacen en cuestiones esenciales, nada intrascendentes. Campos ha sido municipio pretendido por ambos mandatarios. Matas se encariñó con un campo de polo en él y Bauzá acaricia y tutela un macroproyecto hotelero en Sa Ràpita. Como si Es Trenc estuviera a prueba de todo o se quedara en postal perenne de colorido engañoso de la realidad.