En el siguiente artículo de la edición digital de Última Hora, se nos informa de la posible inconstitucionalidad de la conocida como 'Ley Company', que desarrolla el aberrante Decreto Ley 2/2012. ¿Es posible que el Gobierno central del PP ponga freno a los desmanes de su filial insular? Seguramente no, pero significaría un nuevo ejemplo de las medidas de ida y vuelta a las cuales este Govern nos está acostumbrando. Seguridad jurídica lo llaman...
"El Gobierno advierte que artículos de la 'ley Company' son inconstitucionales
El Govern espera llegar a un acuerdo con Madrid para no acabar en el Constitucional
Nekane Domblás | Palma | 14/06/2012
El Ministerio de Administraciones Públicas ha advertido al Govern que algunos artículos de la 'ley Company' son inconstitucionales. La ley autonómica, aprobada hace poco más de una semana por el Parlament, permite la exención de que los promotores construyan VPO en determinadas zonas de los municipios y en su lugar establece la posibilidad de que haya compensaciones económicas.
El Gobierno cree que estas compensaciones son ilegales ya que es imprescindible mantener la cesión de un 30 por ciento de terrenos para VPO en el municipio. Es decir, una zona puede quedar exenta, pero a cambio ese 30 por ciento debe trasladarse obligatoriamente a otra zona del municipio.
La segunda disposición que la Abogacía de Estado considera inconstitucional afecta a los estudios de impacto ambiental. La 'ley Company' señala que, si a los dos meses no hay respuesta de la Administración al estudio de impacto ambiental, se considerará que el expediente sale adelante. Sin embargo, la ley básica del Estado regula que no puede darse el silencio positivo, sino que la Administración tiene la obligación de pronunciarse a favor o en contra del impacto.
El director general de Ordenació del Territori, Joan Mesquida, explicó que estas discrepancias se conocieron antes de aprobarse la ley, pero matizó que ahora se abre un plazo de negociación de seis meses para intentar llegar a un acuerdo y que el asunto no acabe con un recurso de competencias en el Tribunal Constitucional".
El Govern espera llegar a un acuerdo con Madrid para no acabar en el Constitucional
Nekane Domblás | Palma | 14/06/2012
El Ministerio de Administraciones Públicas ha advertido al Govern que algunos artículos de la 'ley Company' son inconstitucionales. La ley autonómica, aprobada hace poco más de una semana por el Parlament, permite la exención de que los promotores construyan VPO en determinadas zonas de los municipios y en su lugar establece la posibilidad de que haya compensaciones económicas.
El Gobierno cree que estas compensaciones son ilegales ya que es imprescindible mantener la cesión de un 30 por ciento de terrenos para VPO en el municipio. Es decir, una zona puede quedar exenta, pero a cambio ese 30 por ciento debe trasladarse obligatoriamente a otra zona del municipio.
La segunda disposición que la Abogacía de Estado considera inconstitucional afecta a los estudios de impacto ambiental. La 'ley Company' señala que, si a los dos meses no hay respuesta de la Administración al estudio de impacto ambiental, se considerará que el expediente sale adelante. Sin embargo, la ley básica del Estado regula que no puede darse el silencio positivo, sino que la Administración tiene la obligación de pronunciarse a favor o en contra del impacto.
El director general de Ordenació del Territori, Joan Mesquida, explicó que estas discrepancias se conocieron antes de aprobarse la ley, pero matizó que ahora se abre un plazo de negociación de seis meses para intentar llegar a un acuerdo y que el asunto no acabe con un recurso de competencias en el Tribunal Constitucional".