Poco a poco el Govern balear va destilando sus propuestas
para promover su idea de “ordenación del territorio” y la famosa “seguridad
jurídica” hacia el empresario inversor. Por si los recientes anteproyectos de
Ley no hubieran sido suficientemente polémicos (Turismo, Función pública,
Normalización lingüística) en fecha de hoy, 23 de enero de 2012, nos levantamos
con la siguiente noticia publicada en la edición digital de Diario de Mallorca.
"MIQUEL ADROVER El Govern proyecta la
legalización de más de 70 urbanizaciones ubicadas en suelo rústico y en
situación ilegal, 36 de ellas están en el término municipal de Palma. Se
plantea incluir esta medida en la modificación de la Ley de Desarrollo
Sostenible, que también le permitirá reactivar las 1.500 hectáreas de complejos
urbanísticos que paralizó el Pacto de Progreso en 2008. Desde el Consell de
Mallorca advirtieron a los responsables de Territorio del Govern que la
iniciativa les parecía "excesiva" y propusieron un estudio caso por
caso.
La pasada semana se mantuvo una reunión entre los responsables de Ordenación del Territorio de la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente y los de Urbanismo del Consell de Mallorca. En este encuentro, según ha podido saber este periódico de fuentes de la institución insular, el Govern relató su hoja de ruta para la modificación de la Ley 4/2008 de Medidas para el Desarrollo Territorial Sostenible. El objetivo del Ejecutivo autonómico consiste en dar una salida legal a estas parcelaciones que se han convertido en pequeños pueblos o barriadas que no pueden acoger los servicios municipales al no estar recepcionadas por sus respectivos ayuntamientos.
Según señalaron fuentes del Consell, las intención del Govern es declarar urbanas estas parcelas en suelo rústico edificadas desde hace muchos años. Para ello se les exigirá unas condiciones que propiciarán su integración en la trama urbana del municipio. Es el caso de los servicios de luz, agua, alcantarillado, asfaltado de calles y adecuación de zonas verdes.
El ayuntamiento de Palma, al igual que otras localidades de Mallorca como es el caso de Manacor, Sóller, Pollença o Andratx, entre otras, llevan décadas intentando arreglar la situación de sus parcelaciones irregulares”.
La Ley que pretenden modificar (Ley 4/2008, de 14 de mayo,
de medidas urgentes) determina en sus artículos 2 los servicios urbanos
considerados básicos y fija en el artículo 3 las condiciones de las parcelas
para que éstas puedan considerarse solares. Incluyendo las normas 11 y
12 del Plan Territorial de Mallorca, que también regulan este aspecto, los
requisitos para que una parcela urbana pueda considerarse solar serían los
siguientes:
- Disponer de una red viaria que tenga un nivel de consolidación suficiente para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal,
- Que la vía o vías con la que confronte tenga la calzada pavimentada, como también construida y pavimentada la acera por todos sus frentes y dispongan de alumbrado público,
- Disponer de red de abastecimiento de agua
- Disponer de red de evacuación de aguas por alcantarillado,
- Disponer de suministro de energía eléctrica,
- Tener señaladas alineaciones y rasantes,
- Ser susceptibles de licencia de edificación inmediata porque no han sido incluidos en un sector susceptible de plan especial de mejora urbana ni en un polígono de actuación urbanística pendiente de desarrollo,
- Que, para edificarlos, no se tengan que ceder terrenos para destinarlos a calles o a vías con vista a regularizar alineaciones o a completar la red viaria.
Obviamente, las parcelas de las barriadas que pretenden legalizar no cumplen los requisitos anteriores. Habrá que ver qué excepciones se sacan de la manga nuestros legisladores aprendices de Tamariz.
Mallorca está infestada de urbanizaciones ilegales nacidas en el boom turístico de los años 70 y 80, los promotores de las cuales (siempre sociedades limitadas o anónimas), una vez vendidos los inmuebles, se desentendían de la urbanización pendiente de ejecutar y desaparecían. Otras, simplemente son fruto de la edificación ilegal y paulatina de zonas del extrarradio de núcleos urbanos que por disfunción de los mecanismos de restablecimiento de la legalidad urbanística (las órdenes de demolición brillan por su ausencia) se han consolidado como zonas pseudourbanas.
Mallorca está infestada de urbanizaciones ilegales nacidas en el boom turístico de los años 70 y 80, los promotores de las cuales (siempre sociedades limitadas o anónimas), una vez vendidos los inmuebles, se desentendían de la urbanización pendiente de ejecutar y desaparecían. Otras, simplemente son fruto de la edificación ilegal y paulatina de zonas del extrarradio de núcleos urbanos que por disfunción de los mecanismos de restablecimiento de la legalidad urbanística (las órdenes de demolición brillan por su ausencia) se han consolidado como zonas pseudourbanas.
Regularizar este tipo de situaciones conlleva implicaciones
económicas, urbanísticas y sociales. Económicas porque habrá que determinar en
quién recaen los costes de urbanización pendientes, ya que dichas barriadas
ilegales no dispondrán de los servicios básicos fijados por ley y, por lo
tanto, habrá que efectuar un desembolso para la dotación de servicios. Debieran
asumir este coste los mismos propietarios de los terrenos que se declaren
urbanos, los cuales experimentarán un considerable aumento del valor
patrimonial de sus inmuebles. Urbanísticas, ya que hay que tener en cuenta que
este tipo de urbanizaciones ilegales no necesariamente se han desarrollado
teniendo en cuenta un plan parcial o instrumento análogo, por lo que la falta
de zonas verdes o equipamientos, por ejemplo, repercutirá en el resto de suelo
urbano. Y sociales por el agravio comparativo hacia aquellos que cumplen la
Ley, además de la pésima imagen pública de los responsables políticos apoyando nuevamente medidas encaminadas al consumo de territorio.
Una vez
más, parece que en esta comunidad (Baleares) se tiende a premiar al infractor
en lugar de castigarlo.